Uno de los mitos más extendidos en materia penal tributaria es que, si la DIAN no realiza un requerimiento previo, el contribuyente no puede ser denunciado penalmente. Esta interpretación ha sido sostenida por múltiples defensas en procesos judiciales. Sin embargo, la reciente sentencia SP1593-2025 de la Corte Suprema de Justicia desvirtúa esta tesis, dejando clara la autonomía del derecho penal respecto de los procedimientos administrativos.
El caso concreto:
En esta providencia, la Corte resolvió el caso de un representante legal acusado por el delito de omisión del agente retenedor, al no consignar el valor del IVA recaudado dentro del plazo legal. La defensa sostuvo que, al no haberse agotado un proceso de cobro persuasivo por parte de la DIAN, no se cumplía un supuesto requisito de procedibilidad.
No obstante, la Corte fue enfática:
“El requisito de procedibilidad NO está en la Ley 906 de 2004, ni puede traerse de normas extrapenales como el Decreto 3050 de 1997”.
La postura del Alto Tribunal:
El fallo aclara que el derecho penal no depende de los procedimientos administrativos previos. La omisión del agente retenedor es un delito autónomo que se configura cuando se presentan tres condiciones esenciales:
- La presentación de la declaración tributaria.
- El incumplimiento del pago dentro de los dos meses siguientes.
- La conciencia del obligado sobre su deber legal de consignar esos recursos.
En este sentido, el simple vencimiento del plazo sin el pago correspondiente ya constituye una conducta punible, independientemente de la actuación —o inacción— de la DIAN.
Consecuencias jurídicas:
Este precedente marca un punto de inflexión. En el caso concreto, el procesado fue condenado a:
- 48 meses de prisión.
- Multa cercana a los $10 millones.
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos.
- Negación de beneficios como prisión domiciliaria.
Esto implica un endurecimiento de la política criminal frente al incumplimiento de deberes tributarios, especialmente en empresas medianas y grandes donde el recaudo y retención de tributos es constante.
Implicaciones para empresarios, contadores y representantes legales:
Con esta decisión, la Corte refuerza un mensaje claro: la evasión o el simple incumplimiento de deberes tributarios, cuando hay retención de recursos ajenos al contribuyente, puede derivar en responsabilidad penal directa, incluso si no media requerimiento alguno.
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