La materialización de las garantías mobiliarias en un proceso de reorganización empresarial

Escrito por: Juan Miguel Franco

Con la expedición de la Ley de garantías mobiliarias (Ley 1676 de 2013) se buscó implementar un sistema confiable a través del cual se facilitara a los comerciantes, y al público en general, el acceso al crédito y un sistema unificado en el que se registraran las garantías que se ofrecen como medio de pago ante un eventual incumplimiento por parte del deudor. Facilitando, de esta manera, que el acreedor pueda otorgar publicidad a los derechos de preferencia y privilegio que le han sido otorgados sobre los bienes respecto de los cuales se constituyó una garantía mobiliaria.

Con tal propósito se creó el registro nacional de garantías, sistema que permite la constitución de prendas con total tranquilidad y transparencia para todos los intervinientes en la operación de crédito.

Ahora, en el evento que el deudor no pueda cumplir con el pago del respectivo crédito, el acreedor puede obtener su pago haciendo valer la garantía mobiliaria constituida a su favor.

En ese sentido, la Ley de garantía mobiliarias da la posibilidad de ejecutar la garantía mobiliaria a través de 3 mecanismos previstos en los artículos 60 (pago directo), 61 (ejecución judicial) y 62 (ejecución especial), concentrándonos en este caso específicamente en la ejecución judicial de la garantía en el marco del proceso de reorganización empresarial.

En el último escenario que viene de mencionarse, el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013, establece que: (…) “El juez del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuación de la actividad económica del deudor. También procederá la ejecución de los bienes dados en garantía cuando el juez del concurso estime que los
bienes corren riesgo de deterioro o pérdida.

En caso de que los bienes objeto de garantía estén sujetos a depreciación, el acreedor podrá solicitar al promotor y, en su caso, al juez del concurso, que se adopten medidas para proteger su posición de acreedor con garantía real, tales como la sustitución del bien
objeto de la garantía por un bien equivalente, la dotación de reservas, o la realización de pagos periódicos para compensar al acreedor por la pérdida de valor del bien.

Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo”.

De la norma antes descrita, resulta importante mencionar y realizar una distinción entre los bienes necesarios y los bienes no necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor, puesto que de lo anterior dependerá cualquier decisión que pueda
tomar el juez del concurso, en la medida que , si los bienes no son necesarios para la actividad económica del deudor, lo mismo se traducirá en la posibilidad de que el acreedor inicie o continúe con la ejecución de las garantías mobiliarias. Además, el juez del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías o de cualquiera de los bienes del deudor cuando estime que los bienes corren peligro de deterioro o pérdida.

A diferencia de lo antes mencionado, las garantías que recaigan sobre bienes necesarios para la actividad económica del deudor no podrán ejecutarse dentro del proceso de reorganización; situación que no imposibilita al acreedor una vez sea confirmado el
acuerdo de reorganización de ejercer su derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo, posición que ha sido recientemente reiterada por la Superintendencia de Sociedades en el concepto 220-025332 del 08 de febrero de 2022.

Así las cosas, la ejecución de garantías mobiliarias al interior de un proceso de reorganización denota una especial condición, donde la valoración que realice el juez del concurso juega un papel de suma importancia, ya que de la decisión que adopte este último, dependerá si el acreedor garantizado ejecuta o no la garantía mobiliaria a su favor al interior del proceso de reorganización.

Contamos con un equipo de profesionales con experiencia en diferentes ramas del derecho.

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Con experiencia solida en organización de archivo, atención al cliente, manejo de relaciones interpersonales, redacción de documentos, gestión de agenda y planificación de reuniones,  habilidades avanzadas en el manejo del idioma inglés. 

Juan Miguel Franco

Consultor Asuntos Penales

Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con experiencia en derecho procesal y litigio, así como en redacción, argumentación y temas relacionados con la investigación académica.

Cuenta con más de cuatro (4) años de experiencia laboral en firma, con la que ha adquirido amplios conocimientos en diversas ramas del derecho como: derecho comercial, derecho civil y derecho procesal.

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Socia - Abogada Senior

Especialista en Derecho laboral y comercial. Se ha desempeñado como abogada in-house de empresas del sector petrolero, lo que la hace exitosa como asesora en asuntos corporativos y de derecho societario. Es conciliadora en Derecho y cuenta con experiencia como docente y analista política en Todelar Radios.

Diego González Vanegas

Socio - Abogado Senior

Abogado especialista en Derecho Comercial y en Derecho Administrativo, actualmente cursando Maestría en Derecho.

Experto en Arbitraje Nacional e Internacional, Negociación y Creación de Acuerdos y conciliador. Se ha desempeñado como Juez Civil Municipal y Circuito, abogado, asesor y auxiliar de magistrado de la sala civil del tribunal superior de Bogotá; es miembro de la firma desde 2018 representando con éxito los intereses de nuestros clientes en asuntos civiles, comerciales y administrativos.

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Socia - Abogada Senior

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Diego Henao Vargas

Consultor Asuntos Penales

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María Lucía Varón Calle

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Juan Sebastián Paiba Aya

Abogado

Abogado, egresado de la Universidad Santo Tomas, Especialista en Derecho Procesal del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, con amplia experiencia, buen dominio e interes en el litigo en Derecho Privado, con conocimientos solidos en materias del Derecho Civil – Familia, Comercial y Financiero y con amplias habilidades para celebrar acuerdos comerciales, definir asuntos y controversias contractuales y capacidad de resolución de conflictos.

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Auxiliar Judicial con sólida experiencia en acciones constitucionales y procesos administrativos sancionatorios. Amplia trayectoria como auxiliar judicial, con destacado desarrollo académico y profesional en entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil y Personerías Municipales.

María Paula Camacho

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Abogada Especialista en Derecho Administrativo y Derecho Urbano, graduada de la Universidad del Rosario. Posee más de 15 años de experiencia en la estructuración de proyectos inmobiliarios, así como en la gerencia y coordinación de Planes Parciales. Líder en procesos de habilitación de tierras y representa al sector privado ante las autoridades públicas correspondientes, corporaciones autónomas regionales y otras.

Participa activamente en las discusiones a nivel nacional, departamental y municipal sobre políticas públicas de vivienda y ordenamiento territorial, contribuyendo en la formulación de reglamentaciones en la materia.

Angie Paola Palencia

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Abogada graduada de la Universidad del Atlántico y especialista en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás. Conocimientos en derecho penal y de familia. Se destaca por su meticulosidad, responsabilidad y enfoque pragmático en la resolución de conflictos, con un enfoque en obtener resultados óptimos y eficientes para los clientes.

Juan Diego Herrera

Abogado

Abogado y conciliador egresado de la Universidad los Libertadores, con conocimientos en derecho civil y comercial. Amplia experiencia en vigilancia y gestión judicial, sustanciación de documentos jurídicos y capacidad de investigación normativa de relevancia jurídica. Con enfoque académico en el derecho corporativo y financiero.

Jhonn Freddy Moreno Ospina

Abogado

Abogado graduado de la Universidad los Libertadores, con especialización en derecho laboral y de la seguridad social de la Universidad Libre de Colombia, con conocimiento del ordenamiento jurídico Colombiano, experiencia de más de dos años como profesional en gestión laboral y recursos humanos dentro de empresas del sector privado.

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Abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia, con más de tres años de experiencia en litigios laborales, comerciales y civiles. Destaca por su competencia en la revisión y sustanciación de documentos jurídicos, así como por su capacidad para llevar a cabo análisis jurisprudencial.

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Carlos Páez Martin

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Abogado especialista en Derecho Comercial y Financiero, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, corporativo, societario y fiduciario.

Experto en la estructuración de negocios y garantías, elaboración de todo tipo de contratos civiles y comerciales. Importantes casos de éxito como litigante; así como en la representación judicial de procesos de insolvencia empresarial, y negociaciones para el reperfilamiento de pasivos y reestructuración de deudas.

Se ha desempeñado como apoderado, asesor y miembro de junta de empresas del sector financiero, salud, inmobiliario y fiduciario. Actualmente Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de Fenalco Bogotá.