Esta semana, titulares en periódicos, revistas y noticieros, relataron cómo un juez de Colombia resolvió un caso sobre el derecho a la salud de un niño autista, con ayuda del robot ChatGPT. Esta, es la primera sentencia en redactarse a partir de inteligencia artificial en el país. También fue tendencia, la realización de la primera audiencia judicial llevada a cabo en el metaverso por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
La opinión pública ha estado dividida en dos bandos. Los que cuestionan y critican el actuar del juez y de la magistrada, y los que apoyan el avance de las nuevas tecnologías aplicadas en la práctica jurídica. Más allá de exponer mi opinión al respecto, es indudable, que la unión de inteligencia artificial y el derecho ofrece numerosas ventajas, pero también retos para el sector judicial, los despachos de abogados, jurídicos de empresas, notarios, consultores y académicos.
La inteligencia artificial aplicada a la práctica jurídica no es solo relevante para las personas que ejercen la profesión. También lo es para el público en general, al estar cambiando la forma en que las personas se relacionan con el derecho y el acceso a la justicia.
Es claro, que la inteligencia artificial (IA) está revolucionando prácticamente todas las industrias y profesiones, algunas más rápida y profundamente que otras. Aunque puede que sólo se trate de una optimización de algunos trabajos manuales, la IA está provocando un cambio fundamental en muchas funciones de los empleados que antes se consideraban inmunes a la automatización. Algunas de estas profesiones se verán revolucionadas por las capacidades sobrehumanas de la inteligencia artificial para hacer cosas que antes eran imposibles, aumentando, y hasta cierto punto sustituyendo a sus homólogos humanos en sus trabajos.
Al discutir la incidencia de la inteligencia artificial (IA) en el derecho, debemos regresarnos a los años setenta cuando se mencionó esta posibilidad por primera vez. En este año, Buchanan y Hedrick, dos académicos publicaron un estudio innovador sobre la posible aplicación de la inteligencia artificial en el campo legal (“Some Speculation about A.I. reasoning”). Estos plantearon la cuestión de si el razonamiento legal es computable, creando un campo que la teoría ha desarrollado en torno a cuatro áreas principales y que aún son rescatables en la actualidad:
-Búsquedas en bases de datos legales y jurisprudenciales.
-Gestión y redacción documental.
-Formulación de dictámenes y resolución de casos.
-Elaboración de teorías, dogmas y sistemas jurídicos.
Hoy, aunque este campo ha tenido mejoras debido a los avances conseguidos en el aprendizaje automático y, en particular, en el aprendizaje profundo, que son particularmente beneficiosos para el sector legal, aún no se han logrado los mismos avances alcanzados en otras industrias.
Se puede decir que la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho tiene dos objetivos principales. Por un lado, tratar de facilitar el acceso a la información legal, y por otro simplificar y automatizar todo o parte del proceso de razonamiento jurídico. Es así, que, en el ámbito legal, esta debe ser la meta: encontrar patrones comunes que ayuden a la toma de decisiones, para poder analizar los resultados comparados con los objetivos deseados.
Actualmente, no existe un sistema que pueda resolver problemas jurídicos de principio a fin, pero se están desarrollando sistemas cada vez más sofisticados. De este modo, el desarrollo de la inteligencia artificial en la práctica jurídica no viene a reemplazar a los abogados ni operadores jurídicos, sino por el contrario viene a apoyar las labores diarias de estos. En materia legal, la inteligencia artificial se usa para un sinnúmero de funciones cómo: analizar grandes cantidades de datos legales para ayudar a sentar precedentes en la jurisprudencia, redacción y revisión de contratos, permitir a los gobiernos optimizar los procedimientos judiciales, apoyar a los jueces al hacer predicciones sobre amplios temas en sentencias y fianzas, al igual que para encontrar documentos pertinentes durante el proceso de proposición de la prueba, entre otros.
Los rápidos avances en este campo han traído grandes beneficios, pero también presenta desafíos y oportunidades frente a su aprovechamiento.
En particular, el progreso se centra en algunas áreas:
- Patrones de razonamiento y decisiones.
- Clasificar y extraer textos legales.
- Extraer información de textos legales.
- Crear y planificar un sistema legislativo.
Aunque, hay un sinnúmero de beneficios en la aplicación de la inteligencia artificial en la práctica jurídica, solo mencionaré algunos de los principales:
- Facilitar el aprendizaje ampliando el espectro de conocimiento.
- Reducir el tiempo que se emplea en trámites, investigación de documentación, recolección de información y gestiones administrativas, de investigación, de control y de reporte.
- Organizar la información legal disponible de forma eficiente y automatizada.
- Permitir que el abogado se libere de las tareas más mecánicas y repetitivas, y pueda centrarse en actividades específicas que aporten valor agregado.
- Optimizar los resultados en términos de productividad, competitividad y transparencia. Organizar grandes bases de datos de clientes o casos.
- Clasificar, analizar y actualizar textos legales y normas jurídicas que pueden cambiar con el tiempo.
- Democratizar el acceso a contratos y documentos legales para personas que no pueden pagar los servicios jurídicos de una oficina o firma de abogados.
Estos beneficios no han pasado desapercibidos por el sector, que ya ha comprobado que la inteligencia artificial en su esfera de acción representa una condición indispensable para mantener la competitividad y la relevancia dentro de la nueva economía digital.
No obstante, la aplicación de la inteligencia artificial tiene problemas y retos a futuro si queremos que algún día se ajuste a las necesidades de nuestro mercado.
En la inteligencia artificial, la capacidad de crear tecnología para resolver ciertos problemas depende de tres factores que se aplican al sistema y que resultan desafiantes para la práctica jurídica:
1)Reconocimiento del lenguaje natural: La Capacidad que tiene el sistema para comprender las preguntas que elevan los usuarios. Aunque las computadoras de hoy en día pueden comprender las consultas planteadas por humanos sin una programación compleja, el lenguaje de los juristas y la terminología muchas veces está abierta a interpretación, es ambigua, tiene particularidades propias, y está sujeta a distintas aplicaciones.
2) Codificación del derecho: La posibilidad que tiene el sistema en reconocer y aplicar el conjunto de normas legales aplicables.
Uno de las grandes desafíos, que se dan al desarrollar sistemas de inteligencia artificial para el campo legal, es hacer que las reglas y pautas legales sean «comprensibles» para las máquinas que las usan. Hoy en día, este obstáculo no ha podido ser superado dada la complejidad inherente a la aplicación normativa. Esto, viene sumado a otros problemas derivados de la estructura formal del Derecho: la existencia de lagunas legislativas, normas consuetudinarias y principios generales del Derecho, y que, en muchas ocasiones, las reglas de aplicación normativa suelen ser vagas, contradictorias e incompletas.
3) La capacidad del sistema para hacer inferencias: La posibilidad que tiene el sistema para procesar hechos, proposiciones o principios introducidos por el usuario para explicar, justificar y sacar conclusiones y respuestas lógicas dentro de un tiempo razonable.
Esta tecnología, denominada «motor de inferencia», aún no ha alcanzado un nivel mínimo aceptable de rendimiento. En particular, los algoritmos utilizados no pueden proporcionar una respuesta legal a situaciones ambiguas o situaciones en las que existen lagunas legales.
Por ejemplo:
- Casos sujetos a interpretación
- Casos de difícil aplicación de las normas y principios jurídicos, o en los que hay situaciones contradictorias.
- Casos que tienen vacíos en la calificación jurídica de los hechos.
- Casos complejos con posible trascendencia social o política y que puedan producir resultados correctos en términos de aplicación normativa pero que no apliquen la justicia.
Es claro que queda mucho campo para que estos sistemas sean 100% exitosos, y que, al implementar la información legal, permitan lograr resultados con alternativas diferentes, lógicas y adecuadas.
Finalmente, considero relevante cerrar reflexionando en que el debate no debe centrarse en cuál será el futuro de la inteligencia artificial en la práctica jurídica, sino más bien, que tan aptos nos encontramos para asimilar estas nuevas tecnologías y que tan preparados están los gobiernos para regular este tema dentro de sus sistemas normativos. El auge del análisis de datos legales y la justicia predictiva tiene consecuencias frente a los derechos humanos, que deberán reglamentarse. La opacidad de los sistemas de inteligencia artificial puede ir en contra de los principios del debido proceso, justicia abierta, y estado de derecho. De igual forma, a medida que avancemos en torno a su desarrollo, se deberán entrar a regular temas complejos como los siguientes: códigos de conducta ética, privacidad, responsabilidades, propiedad intelectual, ciberseguridad, protección de datos, robótica, etc.
Lo cierto es, que muchas veces el “que pega primero pega dos veces”. Lo anterior aplica a abogados, jueces, notarios, y estudiantes que sepan aprovechar el uso de la inteligencia artificial en pro de potenciar sus habilidades y favoreciendo nuevas capacidades profesionales que les permitan optimizar tareas y procesos. De dar uso adecuado a estas herramientas, adquirirán una ventaja competitiva sobre sus pares en el sector.
